Atenea dirige la construcción de la nave Argo. Bajorrelieve romano. S. I d.C. Museo Británico
Viviendas habitándose, fábricas produciendo, comercios ofreciendo su mercancía, dotaciones dando servicio… La diversa actividad humana se despliega triunfante en el territorio. ¿Pero qué camino hubieron de recorrer cada uno de los proyectos para ponerse en marcha, ocupando en forma de construcción o instalación su correspondiente lugar en el mundo?
El lector quizá haya visto una película titulada ‘Jeremiah Johnson’. Un aventurero renegado de la civilización se adentra en las Rocosas, sobreviviendo gracias a la caza y al trueque con los indios. En su periplo nómada forma una familia compuesta de mujer india y niño huérfano. Un buen día, detiene su pequeño convoy, mira alrededor, se apea del caballo y pronuncia estas palabras: “Esto servirá. Río al frente, peñascos detrás. Buen agua. No mucho viento. Será bueno para vivir”. Decidiendo así levantar un hogar en mitad de las montañas.
Fotograma de ‘Jeremiah Johnson’ (1972. Sydney Pollack)
Pero lejos de esa visión cinematográfica, y relegadas al pasado ancestral o a la clandestinidad las iniciativas que sólo se someten a la voluntad y a la disponibilidad de recursos del promotor, hoy cualquier acto que conlleve una obra y/o la puesta en funcionamiento de una actividad está sujeto a algo que de manera implacablemente prosaica denominamos intervención administrativa. Y esa intervención administrativa en España, pese a las directivas liberalizadoras europeas y a las pretensiones gubernamentales facilitadoras de la competitividad y de la inversión, todo ello en clave económica, se fundamenta en un marco jurídico cada vez más complejo y disperso.
Conviene destacar que hay una normativa urbanística por cada comunidad autónoma existente, es decir, diecisiete, además de Ceuta y Melilla. Según datos del Ministerio de Fomento, actualmente, están vigentes en España casi 100 normas urbanísticas autonómicas (entre Leyes y Reglamentos, nada más) y más de 5.330 Ordenanzas Municipales de edificación o construcción, lo que genera un marco absolutamente heterogéneo.
Pero incluso dentro de una misma comunidad autónoma, los actos que requieren de un proyecto técnico suelen someterse a distintos procedimientos administrativos, implicando ya no sólo a la administración local sino, en función de los supuestos (por ejemplo, edificar en suelo no urbanizable), a múltiples departamentos de la administración autonómica y, en su caso, de la estatal (factores ambientales, territoriales, bienes afectados). Dichos procedimientos, además, se inician unos en el seno de otros; otros han de sustanciarse con carácter previo al de los unos; los hay que son preceptivos y los hay que son potestativos, etcétera, etcétera. Todo ello deviene con frecuencia en que el trámite burocrático de autorización transcurra por un proceso laberíntico, plagado de obstáculos imprevistos en forma de requerimientos de subsanación, marchas atrás, silencios administrativos, dilaciones varias, dobles controles… Una verdadera epopeya.
Esquema de procedimiento de autorización ambiental. Gobierno de Extremadura (España)
Las consecuencias de lo anterior pueden directamente hacer fracasar el propósito emprendido, ya sea por fatiga del interesado, o por los costes generados (vencimientos de ayudas, préstamos y subvenciones; imposición de tasas y de penalizaciones; gastos en la redacción de subsanaciones, modificaciones, adendas, anejos, alegaciones…)
¿Y en qué podemos influir los técnicos para que la odisea burocrática culmine con éxito y a la mayor brevedad?
Tradicionalmente la misión del técnico se ha centrado en la redacción del proyecto y en la dirección facultativa de las obras, ¿pero qué acontece entre una y otra?. En cierto sentido el técnico aparece antes y después del procedimiento administrativo de licencia para edificar. Puntualmente, aborda las subsanaciones y modificaciones que vayan surgiendo en el trámite, pero el promotor (pensemos no tanto en una empresa cualificada sino en esa persona que pretende construir una casa en el campo) suele quedarse sólo ante la ventanilla, deambulando por distintas dependencias, recibiendo notificaciones que no entiende, sin saber cómo transcurren realmente los trámites y qué incidencias irán apareciendo por la sinuosa senda.
Cierto es que la administración electrónica contribuye a que los trámites sean más sistemáticos, menos azarosos, pero aún falta consolidar su uso generalizado e implicar a todos los entes intervinientes en la gestión telemática del expediente. En todo caso, es preciso que el técnico, proyectista o no, no sólo acompañe al promotor en la tramitación de las autorizaciones sino que se adelante a los obstáculos, prevea las contingencias, plantee alternativas. Todo ello redundaría en la reducción de costes y en la reducción de los plazos, cuestiones ambas que interesan al promotor. a veces esta labor de asistencia la asumen gestorías o consultoras especializadas en cuestiones empresariales, pero muchas de ellas no pueden o saben resolver aquello para lo que los profesionales técnicos sí están cualificados. En cambio estos últimos, en su formación académica convencional, no cuentan con un conocimiento suficiente del derecho administrativo que les permita desenvolverse por los vericuetos del procedimiento. Pero ese déficit puede suplirse simplemente con un poco de interés en una materia tradicionalmente desdeñada por los proyectistas, volcados principalmente en el proceso creativo, en la elaboración del proyecto de arquitectura o urbanismo. Por otro lado, aun conociendo las claves de una óptima gestión del expediente ante la Administración, el mercado no acaba de reconocerles esa función como parte de sus honorarios. Sin embargo, si a esos clientes no se les da ese servicio tan poco lucido, se corre el riesgo no sólo de que no valoren suficientemente la labor del técnico que contratan sino de que incluso se les considere responsables de las incidencias del expediente y de las demoras o sobrecostes derivados de su tramitación.
Mosaico que representa La Odisea (Homero)
En este presente, donde el metabolismo de las profesiones está sufriendo cambios profundos, tal vez haya que reparar en ese papel, puede que ingrato pero seguramente más que útil, de auxilio a esos que ahora se llaman emprendedores y pretenden poner en marcha sus proyectos, también a los que un día soñaron con dejar atrás la ciudad y erigir un hogar en el campo, o a los que quieren legalizar aquello que en el pasado se hizo clandestinamente o en precario. Tal vez sea una pretensión ingenua creer que no sólo proyectamos los deseos de otros, e incluso velamos por su materialización en la obra. Pero seguramente no haya mejor guía en la travesía de ese ‘Incerta Maris‘ burocrático que conduce a alcanzar el sueño.
Sobre el autor: Carlos Sánchez Franco
Arquitecto del lejano oeste peninsular, título forjado en un extinto plan setentero. El sector público como principal pagador. El urbanismo como principal tarea profesional. De fatal inclinación por los interrogantes. Puedes seguirme en mi cuenta de Twitter.
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